La companya Àngels Martinez Castells comenta un interessant article de Diagonal sobre la reforma sanitaria als EEUU, us deixo amb el seu comentari i amb una conexió a l’article complert

Joan Josep Nuet me manda la noticia publicada en el Periódico Diagonal. Como necesito un poco de tiempo para digerir las noticias de esta tarde (la primera impresion es que la montaña parió un ratón para tranquilizar los “inversores” y las nada neutrales agencias de valoración internacionales), les dejo mientras tanto con este artículo donde, una vez más, los poderosos se llevan por delante un intento de avanzar en equidad, y la voluntad e ilusiones de tantos millones de personas en los Estados Unidos que se acercaron a la política –muchas por primera vez– pensando que quizás sí se podía. Pero es que la sanidad en los USA (como los problemas del mercado laboral aquí) son sólo una parte de la gran tarea que se debe hacer para que las cosas empiecen a cambiar a favor de la mayoría. Y mientras continuemos abordando la realidad en pequeñas dosis separadas, mientras no sepamos encontrar el punto que une todas las luchas y allana las desigualdades, será difícil que las cosas cambien.

Divide, y vencerás. En este caso, los grandes intereses de la sanidad privada, han dividido y parecen haber vencido a Obama y a los miles y miles de personas que confiaron en sus promesas. Ya la imagen de la oración conjunta de los dos presidentes “astrales” al son de una de las sectas más reaccionarias de los Estados Unidos no prometía grandes avances para las personas trabajadoras que más lo necesitan…

El paso atrás de Obama ante la esperada reforma sanitaria

La promesa del presidente de los EE UU de reformar la sanidad, en el único país industrializado del mundo sin cobertura universal, se desvanece. El “Yes, we can” retrocede ante el poder de las aseguradoras médicas.

http://www.diagonalperiodico.net/El-paso-atras-de-Obama-ante-la.html

L’altre punt de vista és el dels bancs, les caixes, les asseguradores i, en general, les polítiques neoliberals, que veuen el sistema públic de pensions com un impediment al seu negoci. Volen que les pensions públiques disminueixin (per això proposen rebaixar les aportacions empresarials a la Seguretat Social i de cap manera fer contribucions dels Pressupostos de l’Estat a les mateixes) per esdevenir assistencials i obligar (fins i tot per llei) a contractar pensions privades si es vol gaudir d’una pensió digna.

El debat no és treballar més (fins els 67 anys o més) perquè paguin els treballadors i les treballadores la sortida de la crisi, sinó treballar menys (escurçar l’edat de jubilació i reduir la jornada laboral) per a treballar tothom i reduir l’atur. Així la crisi la pagarien els que la van crear.

Cap a on volem que vagi el món, cap a la barbàrie o cap a l’esquerra?

El genocidio guatemalteco y sus tres décadas de impunidad

Rigoberta Menchú conmemoró junto a varios activistas indígenas los 30 años del incendio de la embajada de España. Una matanza perpetrada por el gobierno guatemalteco que acabó con la vida de 37 personas, entre ellos tres españoles. Menchú anunció que este año la lucha contra la impunidad a estar “más fuerte que nunca”.

NUEVATRIBUNA.ES – 01.02.2010

Era jueves, 31 de enero de 1980. Sobre la una del mediodía un grupo de indígenas guatemaltecos apoyados por universitarios y obreros se instalaban en la embajada española en Guatemala. Era una marcha pacífica. Los funcionarios españoles les permitieron quedarse.Protestaban por el genocidio indígena que se producía en El Quiché(al norte del país) bajo las órdenes del general Fernando Romeo Lucas García.

La embajada se presentaba como un lugar idóneo para dar a conocer su lucha y denunciar todos los asesinatos que se llevan cometiendo desde hacía más de cuatro décadas. Su manifestación obtuvo una respuesta habitual en la Guatemala del momento. Fernando Romeo Lucas Garcíaordenaba matar a todos los manifestantes y para que no quedara ni una sola prueba mandaba incendiar la embajada.

La matanza se saldó con 37 muertos, entre ellos tres funcionarios españoles y el resto campesinos guatemaltecos, como Vicente Menchú, padre de la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. España rompía relaciones con Guatemala durante cuatro años.

Tres décadas después los culpables de esta matanza y del genocidio guatemalteco que cifra más de 250.000 personas, siguen libres. Sólo queda la memoria y la lucha de miles de activistas que todavía piden justicia. Con Rigoberta Menchú a la cabeza, varios defensores de los derechos humanos, conmemoraron el 30 aniversario del incendio de la embajada de España. “Han pasado 30 años y este hecho continúa en la impunidad”, dijo Menchú en la Plaza de la Constitución.

La premio Nobel de la Paz, aprovechó la ocasión para anunciar que 2010 se va a declarar como “el año del fortalecimiento de la lucha contra la impunidad en Guatemala”. Menchú aseguró que el proceso judicial que ella abrió desde España contra los ex altos cargos guatemaltecos, sigue “sin pausa”.

EL GENOCIDIO INVESTIGADO POR ESPAÑA

La justicia española, basada en el principio de “jurisdicción universal”, inició con la ayuda de Rigoberta Menchú, un proceso penal por genocidio en contra de los generales guatemaltecos Óscar Mejía Víctores, José Efraín Ríos Montt, Ángel Aníbal Guevara y Benedicto Lucas García, el coronel German Chupina, ya fallecido, y los civiles Donaldo Álvarez y Pedro García.

Sobre estos ex altos cargos existe una orden de captura internacional con fines de extradición emitida por el alto tribunal español, que ha sido dejada sin efecto por la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de este país centroamericano, que en el 2007 la consideró improcedente.

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que con el auspicio de las Naciones Unidas investigó las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Guatemala durante la guerra interna de 36 años (1960-1996), determinó que en ese período más de 200.000 personas murieron y más de 45.000 fueron desaparecidas; la mayoría a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

El incendio de la embajada de España también tiene el nombre de los culpables. Los responsables directos fueron el entonces presidente, general Romeo Lucas García, fallecido en Caracas, Venezuela, en mayo de 2006; el ministro de Gobernación (Interior), Donaldo Álvarez Ruiz, prófugo de la justicia internacional, y el jefe de la policía, el también general Germán Chupina Barahona, excarcelado la víspera de la pasada Navidad, gracias a la decisión del Constitucional

DELEGACIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL Misión de verificación de la situación de Derechos Humanos en Colombia: mujeres, sindicalistas y defensores y defensoras de Derechos Humanos 23 al 30 de enero de 2010

Una misión de parlamentarios del Estado español compuesta por Jordi Pedret (PSC), Carles Campuzano (Convergencia i Unió) Francesc Canet (Esquerra Republicana de Catalunya), Joan Josep Nuet (Entesa Catalana), Mikel Basabe (Aralar), Inés Sabanés (Izquierda Unida) y Marián Suárez (Eivissa pel Canvi) visita Colombia del 23 al 30 de enero. Esta Misión fue organizada por la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia (Estado español).

Los integrantes de la misión nos entrevistamos con el Embajador de España en Colombia, representantes de la Iglesia Católica, Luterana y Menonita, Corte Suprema de Justicia, Consenso de Cartagena, Coordinador del Área Jurídica de la OACNUDH, MOVICE, Coordinadora de Victimas UP, Mesa Nacional de Víctimas, Asfamipaz, G-24, Colombianos y Colombianas por la Paz, Centrales obreras (CUT, CTC y CGT), Comisión de DD. HH. y Audiencia de la Cámara de Representantes, Movimiento de Mujeres, Alto Comisionado para la Paz en Colombia, Programa Presidencial de DIH y DH, Ministerio del Interior y Justicia, Fiscalía General de la Nación, Techo Común, representantes de partidos políticos y organizaciones sociales nacionales y territoriales de DD. HH. pertenecientes a la Coordinadora Colombia-Europa-EE.UU.

Asimismo la Delegación viajó a Cali y Medellín donde se entrevistó con numerosas organizaciones sindicales, mujeres y DD. HH. y con instituciones locales y fue acompañada por la Guardia Indígena.

Agradecemos públicamente a todas las personas, organizaciones e instancias gubernamentales que nos han facilitado la realización de nuestro trabajo. La visita de esta delegación se da en el contexto de la negociación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia, coincidiendo con el semestre durante el cual el Gobierno español ostenta la Presidencia del Consejo de la Unión Europea y la celebración, en el mes de mayo en Madrid, de la Cumbre de Jefes de Estado de América Latina y la Unión Europea. Por ello, cobra suma importancia que los Derechos Humanos en Colombia estén presentes en la agenda política española y europea. Bajo este prisma se constituyó esta Misión de verificación que tuvo como objetivo constatar la situación de los Derechos Humanos en tres sectores de la sociedad colombiana: las mujeres, los y las sindicalistas y los y las defensoras de Derechos Humanos. Queremos dejar constancia de que, durante la misión de verificación, los testimonios de sufrimiento de las víctimas de la vulneración de los derechos humanos nos han producido una fuerte conmoción y, en consecuencia, consideramos que ellas han de ser el objetivo preferente de las agendas nacional e internacional. Con todo el material y la información recopiladas durante esta semana, la misión procederá próximamente a la elaboración del Informe de Verificación de la situación de los DD. HH. en Colombia.

Como conclusiones primeras del trabajo de la misión, destacamos las siguientes: 1.- En Colombia existe un conflicto social, político y armado interno que provoca la vulneración sistemática de los derechos humanos por parte de todos los agentes armados. 2.- La población civil es la principal víctima del conflicto al ser involucrada de manera forzada y creciente por parte de las diferentes partes en conflicto. Este proceso genera profundo sufrimiento, impotencia en la población, falta de confianza en las instituciones y, especialmente, la percepción de impunidad respecto a la violación de los derechos humanos. 3.- La justicia resulta ineficaz debido a la inadecuación de los medios, tanto para hacer frente a las necesidades derivadas del conflicto (tales como el enjuiciamiento de los responsables de las violaciones de los DD. HH. y otros crímenes) como para la reparación efectiva de las víctimas. Por otro lado, hemos tenido conocimiento reiteradas denuncias respecto a la falta de voluntad de determinadas instancias para llevar a cabo los procesos contra responsables de las violaciones mencionadas. Igualmente, y como ejemplo significativo, la liberación de los militares acusados de ejecuciones extrajudiciales proyecta en la sociedad una imagen de impunidad ante el delito. 4.- No se respeta la independencia del poder judicial, eje fundamental del estado de derecho. La Corte Suprema de Justicia está siendo atacada desde instancias de gobierno y sus magistrados son sometidos a seguimiento, amenazas, control telefónico e intentos de desacreditarlos ante la opinión pública. 5.- Desarrollar la actividad sindical en Colombia resulta peligroso y las organizaciones sindicales y sus dirigentes sufren persecución sistemática y detenciones arbitrarias. 6.- La mujer es utilizada como parte del conflicto por los actores armados y, así, es secuestrada y víctima de abusos sexuales. 7.- Se estigmatiza a los defensores y defensoras de DD. HH.. al acusarles de vinculación con grupos insurgentes poniendo en peligro sus vidas por el ejercicio del legítimo derecho a trabajar por los Derechos Humanos. 8.- Asimismo, se estigmatiza y persigue a las personas miembros del colectivo LGTB. 9.- Todas las partes en conflicto involucran a los menores en el mismo. Particularmente, paramilitares y guerrilla secuestran y reclutan forzosamente a menores. 10.- El problema de la propiedad de la tierra no está resuelto y es un elemento central en el conflicto colombiano. Se han producido y se producen desplazamientos forzosos de la población (campesinos, indígenas y afrodescendientes) como consecuencia del conflicto armado y de los intereses de empresas transnacionales con la cobertura del gobierno colombiano. 11.- La aplicación de la ley no está dando satisfacción a los legítimos derechos de verdad, justicia y reparación que reclaman las víctimas. 12.- La prolongación del conflicto armado ha provocado un proceso gradual de descohesión socio-económica y aumento de las desigualdades sociales. 13.- Las políticas gubernamentales no están siendo un instrumento eficaz en la resolución del conflicto armado interno.

Propuestas A la vista de estas primeras conclusiones y a espera de la definitiva elaboración del Informe, los miembros de la misión formulamos las siguientes propuestas: 1.- Instar a las partes en conflicto a cumplir las resoluciones emitidas por la ONU en relación al conflicto colombiano y a buscar una solución negociada del conflicto armado interno. 2.- Instar al Gobierno colombiano a reconocer públicamente la existencia de un conflicto armado interno, a cumplir con su obligación de observar y defender la ley, de respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos y a garantizar a todas las víctimas la justicia y la reparación. 3.- Incorporar la discusión sobre la situación de los DD. HH. en el diálogo bilateral entre los gobiernos colombiano y español. 4.- Vincular la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea al respeto de los DD. HH. en este país. 5.- Comprometer a las partes en conflicto (fuerzas armadas, paramilitares y guerrilla) a no involucrar a la población civil en el conflicto, y al gobierno y las fuerzas insurgentes a propiciar el intercambio humanitario y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. 6.- Comprometer al Gobierno colombiano en el respeto y garantía del legítimo trabajo desarrollado por los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales: sindicalistas, campesinos, indígenas, afrocolombianos, mujeres, estudiantes y periodistas. 7.- Solicitar al Gobierno colombiano el respeto de la autonomía reconocida de los pueblos indígenas a través del reconocimiento de la autoridad de los cabildos, asegurándoles un presupuesto suficiente para sus programas de salud, producción, educación y medio ambiente. 8.- Comprometer a la comunidad internacional y a España, en particular, en la necesidad de vincular la cooperación al desarrollo con Colombia al respeto y promoción de los derechos humanos, la paz y la cohesión socio-económica y cultural del país. 9.- Comprometer al Gobierno colombiano en el respeto del principio de independencia del poder judicial. 10.- Comprometer al Gobierno colombiano en un auténtico y efectivo proceso de verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto. 11.- Comprometer al Gobierno colombiano en el desarrollo de políticas que eviten los desplazamientos forzados de la población y palien la situación de las personas desplazadas. Los miembros de la misión de verificación de los derechos humanos en Colombia formulamos estas propuestas desde una posición de apuesta por el diálogo y por una salida negociada al conflicto armado interno que se vive en Colombia para conseguir la paz con justicia social reiteradamente reclamada por la población colombiana.

Bogotá, 29 de enero de 2010

Nacional |25 Ene 2010 

 “Parece que una parte de la sociedad colombiana vive amordazada”

Por: Giovanni González Arango

 El parlamentario español, Joan Josep Nuet i Pujals, dice estar dispuesto a denunciar públicamente coerciones a las libertades civiles, en caso de advertirlas.

Él y seis dirigentes más se reunirán con varios sectores sociales colombianos, incluyendo a los magistrados de la Corte Suprema.

El senador español Joan Josep Nuet i Pujals, que integra una misión humanitaria en Colombia con seis diputados ibéricos, dijo que en nuestro país el respeto por los derechos y las libertades civiles parecen estar vedados para quienes no comparten la posición del oficialismo.

Señaló que el propósito de su visita es, precisamente, poner a la luz pública todos esos excesos y exponerlos ante la comunidad internacional, si es que llegan a comprobarse.

En diálogo con ElEspectador.com, precisó que, contrario a lo que se dice desde muchos sectores de opinión, la desmilitarización es la base para encontrar el camino de la paz y la reconciliación.

Aseguró que cualquier acuerdo comercial que celebre Colombia con otras naciones debe estar mediado por el respeto a los derechos de todos los representantes de la sociedad civil, como no parece evidenciarse en el caso de los líderes opositores, las organizaciones sociales, los sindicatos y algunos representantes de la Rama Judicial. De otra manera, dice, podrían perpetuarse tales dramas.

Giovanni González Arango: Senador, ¿cuál es el propósito de la visita de esta delegación?

Joan Josep Nuet i Pujals: Es una misión de verificación de derechos humanos en Colombia. Se va a realizar una observación y sus conclusiones se redactarán en un informe que queremos que se discuta en el Congreso y el Senado de España y en el Parlamento Europeo. También lo haremos llegar al Gobierno de España, que preside en este semestre la Unión Europea.

G. G. A. : ¿Cómo se perciben desde España las noticias relacionadas con las persecuciones irregulares adelantadas por organismos de inteligencia en contra de líderes opositores, periodistas y magistrados de las altas cortes?

J. J. N. : No son suficientemente conocidas, hay una proyección mediática que focaliza el conflicto culpabilizando de forma unilateral a la guerrilla de las Farc, pero se desconocen de forma amplia las implicaciones de los aparatos del Estado en la violencia. Por eso la misión y sus conclusiones deben cumplir también una misión de dar a conocer la situación real a la opinión pública española.

G. G. A.: ¿Tendrá algo que ver el Gobierno de turno en tales seguimientos? ¿Es una estrategia para ejercer el control social necesario para seguir ejerciendo el poder?

J. J. N. : Tendremos entrevistas con el Gobierno colombiano y con los partidos que lo apoyan. También nos entrevistaremos con representantes de la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, conoceremos de forma directa las posiciones de organizaciones campesinas, de mujeres, sindicalistas y la oposición política. En el caso que apreciemos coerción a sus libertades, lo denunciaremos de forma expresa. La violencia reduce el ámbito de participación política, sindical y cultural y, por ello, no podemos legitimizar procesos del tipo que sea ejercido bajo la acción violenta.

G. G. A.: ¿Cómo calificaría el actual estado de la democracia colombiana un dirigente que, como usted, debió soportar varias décadas de autocracia? ¿un nuevo período de Álvaro Uribe iría en detrimento del régimen democrático que pretende inspirar nuestro Estado?

J. J. N. : La democracia no puede ejercerse de forma restringida ya que entonces no es democracia. Cualquier proceso político, incluso el Gobierno soberano de una Nación, queda deslegitimado, si se desarrolla en medio de un ambiente de violencia que coarta de facto y empobrece la participación y la libre organización política, sindical o de cualquier otro tipo. Parece que una parte de la sociedad colombiana vive amordazada y solo aquellas opciones cercanas al presidente se desarrollan plenamente. Eso es lo que venimos a verificar, queremos comprobarlo de forma directa.

G. G. A. : ¿La reelección del presidente Uribe tiene semejanzas con ese régimen que procedió a la República en España?

J. J. N. : Son procesos distintos. Aparentemente, se disfruta en Colombia de una democracia representativa, pero la pregunta debe referirse a los nuevos y modernos métodos de control político antidemocrático que se realizan en los momentos actuales, la implicación con sofisticados medios de los aparatos del Estado, la Policía, el Ejército y los servicios secretos en planes de desestabilización de la izquierda política y sindical. Podríamos decir que el fondo es el mismo, pero los métodos son distintos y, por ello, no podemos establecer paralelismos mecánicos, las cosas, por desgracia, son más sutiles.

G. G. A. : ¿También se dieron allí persecuciones de la misma naturaleza a dirigentes políticos, movimiento obrero y organizaciones sociales?

J. J. N. : El fascismo español de después de la guerra civil utilizó métodos de exterminio directo y guerra psicológica para destruir a la izquierda republicana, pero con el tiempo fue creciendo la oposición interna y, finalmente, se forzó, mediante la movilización, la llegada de la democracia. Los métodos de asesinato selectivo no pueden frenar de forma indefinida las ansias de cambio de todo un pueblo.

G. G. A. : ¿Cómo puede contribuir la comunidad internacional a nuestro pueblo para superar todas esas vicisitudes, relacionadas con las persecuciones políticas, pobreza y violencia?

J. J. N. : El cumplimiento y respeto de los derechos humanos requiere de nuevas formas ejecutivas de control, verificación y castigo. Una de esas formas es la de las delegaciones de observación internacional de conflictos, que puedan dar a conocer los crímenes cometidos. Sin información veraz, es más difícil denunciar internacionalmente e intentar llevar a los responsables ante tribunales internacionales o nacionales. Hay que frenar la impunidad para parar los crímenes y, finalmente, exigir verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias.

G. G. A. : ¿La bota militar es la única salida a este conflicto que ha desangrado al país por más de seis décadas?

J. J. N. : Frenar la militarización del conflicto debe ser un punto de inicio. La fuerza casi siempre beneficia a los poderosos. Es por ello que el Estado colombiano y el Gobierno tienen la primera responsabilidad, ya que ostentan la fuerza mayor. Por supuesto, los países extranjeros deben no solo no intervenir de ninguna manera, sino apoyar desde fuera la desmilitarización y el dialogo.

G. G. A.: ¿Cuál es su postura frente a la celebración de tratados de intercambio comercial entre Colombia y la Unión Europea?

J. J. N. : Las relaciones comerciales deben supeditarse al cumplimiento de los derechos humanos. Mi opinión es que los tratados comerciales deben suspenderse hasta que podamos conocer la situación real en el país y saber si el Gobierno tiene un plan para frenar y erradicar la violencia no solo de la guerrilla, sino especialmente de los aparatos del Estado y fuerzas paramilitares.

G. G. A.: ¿Por qué algunos sectores de izquierda se han mostrado tan reticentes frente a esos acuerdos?

J. J. N. : Precisamente, para no reforzar opciones de Gobierno que se fundamenten en la violencia y el recorte de libertades y derechos políticos, sindicales y sociales.

G. G. A. ¿Cuál es la posición oficial del Gobierno Español ante la posibilidad de materializar estos convenios?

J. J. N. : El Gobierno quiere firmar los acuerdos, algunas multinacionales españolas exigen también la firma, pero buena parte de la sociedad española y fuerzas políticas, sindicales y organizaciones no gubernamentales exigen transparencia, respecto al respeto de derechos humanos, antes de acordar relaciones comerciales. Firmar los acuerdos sin más, podría ayudar a perpetuar la violencia y condenar muchos años más a la sociedad colombiana.

 http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo183794-parece-una-parte-de-sociedad-colombiana-vive-amordazada-senador-joa?page=1

12è Congrés del PCC

Comença demà el 12è congrés del partit, després d’un període llarg de 8 anys l’agafem amb ganes, ja fa força mesos en que hi estem treballant.
Hem acumulat en aquest període, els homes i dones comunistes, força èxits polítics, en el sindicat de CCOO, a EUiA, a IU, en el camp de la solidaritat internacionalista i seguim treballant en el moviment veïnal, la universitat, els moviments juvenils, la cultura, el moviment feminista…. podríem seguir, però tots estem d’acord en que ens cal aturar-nos un moment, per pensar, per reflexionar per tornar i seguir sent capaços de proposar-nos a nosaltres mateixos, a la nostra classe i al poble de Catalunya nous compromisos de lluita, noves propostes d’emancipació, noves il.lusions col·lectives de canvi social.

Volem fer-ho amb els comunistes, amb tots ells i elles, volem fer-ho amb les esquerres, amb totes elles, comprenent les seves peculiaritats, els seus matitços plurals, volem fer-ho amb els treballadors i treballadores per que assumeixin el seu paper revolucionari i s’aixequin per sobre de la boira de la precarització que els fa renunciar a una vida digna i a un present de lluita, que els tracta d’un a un i els converteix en mers espectadors malats de la comèdia del capitalisme financer.

Volem fer-ho amb els pobles d’Espanya i Europa, i volem fer-ho solidàriament amb els pobles del món que lluiten per alliberar-se de la pobresa, de la bota guerrera de l’imperi i del jou de les regles invisibles d’un capital més que mai barroer i insaciable.

Lluitem avui en mig de noves contradiccions que poden fins i tot transformar el clima, que aixequen nous murs d’exclusió, que planifiquen noves guerres de dominació i per això podem trobar noves i fortes raons del perquè són necessaris els i les comunistes al costat de la força que ens dona una història plena de conquestes obreres i de lluita democràtica que han esdevingut les fites mes positives de la recent història contemporània de Catalunya, Espanya i Europa.

Les empreses en crisi, l’atur, el sector públic i la despesa social, el canvi climàtic o la violència contra les dones són les nostres preocupacions i la política ha d’estar al servei de resoldre aquestes qüestions, per això ens organitzem, per resoldre amb eficàcia problemes com aquests, i no aturar-nos fins impedir que el capitalisme pugui seguir fent-nos la vida impossible.

Aquestes tasques requereixen d’una organització, el pont necessari entre teoria i practica, una organització partidària moderna, eficaç i mobilitzadora, referent de la unitat dels comunistes, de les esquerres i dels treballador. Una organització solidaria, amb els seus i cap enfora, una organització que afronta el debat, la crítica, la construcció d’idees i la mobilització amb esperit alegre i combatiu, amb l’esperit que ens dona l’optimisme de cercar una societat mes lliure i mes justa

L’AMAC NO POT PRESENTAR, NI EL GOVERN DE L’ESTAT ACCEPTAR, CAP CANDIDAT A CATALUNYA PER ACOLLIR EL CEMENTIRI DE RESIDUS RADIOACTIUS (ATC), PERQUÈ EL TERRITORI JA HA MANIFESTAT CLARAMENT I DEMOCRÀTICA EL SEU REBUIG.

Tal com va avançar la CANC fa dues setmanes, la darrera junta directiva de l’AMAC del passat 11 de gener ha pres la decisió de presentar candidatures entre els seus municipis afiliats en la propera assemblea del 27 de gener (només dos dies abans de finalitzar el termini de presentació de candidatures segons la convocatòria del Ministerio de Industria: http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/29/pdfs/BOE-A-2009-21107.pdf), un dels quals, finalment acolliria el cementiri de residus radioactius (ATC en les seves sigles en castellà).
El passat dimarts 19 de desembre, l’AMAC va realitzar una reunió a Ascó amb els ajuntaments de d’aquesta àrea nuclear per a fer-los una proposta de repartiment de diners sempre que aquests donin suport a la candidatura d’Ascó. D’aquesta manera, l’AMAC preveu arribar a l’esmentada reunió del 27 de gener amb una candidatura consolidada, Ascó.
A més, el procediment que ha emprés el Govern de l’Esta és poc responsable amb el tractament d’una qüestió tan problemàtica com és la dels residus radioactius. Amb només un mes de termini i amb un simple acord del ple municipal, que es podria aprovar amb una majoria simple, el Govern de l’Estat preveu licitar una instal•lació que acollirà residus radioactius d’alta activitat durant un mínim de 60 anys. (Convocatòria per a la selecció dels municipis candidats a acollir cementiri de residus radioactius: http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/29/pdfs/BOE-A-2009-21107.pdf)
Un cementiri nuclear que acollirà tots els residus radioactius de totes les centrals nuclears de l’Estat espanyol, amb una radioactivitat que durarà centenars o milers d’anys, no només incumbeix a l’ajuntament del municipi que el vulgui. Això demostra la irresponsabilitat democràtica que el Govern de l’Estat mostra sobre qüestions relacionades amb la radioactivitat, quan els coneixements científics i la pròpia experiència han demostrat que la radioactivitat no entén de límits ni fronteres territorials. L’abast territorial dels efectes d’un cementiri nuclear amb residus altament radioactius, s’han de veure a llarg termini i amb conseqüències per varies generacions, no afectant tant sols al municipi que l’aculli, com s’ha demostrat amb la fuita radioactiva de la central nuclear d’Ascó 1 del passat hivern 2007-2008.
A més, en la convocatòria del Ministerio de Industria no es té en compte el principi “d’ampli consens territorial, social, i polític” que el president Zapatero i l’aleshores Ministre d’Industria, José Montilla, van dir, des de 2006, a que estaria supeditada la ubicació del cementiri nuclear.

Davant aquest fets LA COORDINADORA ANTICEMENTIRI NUCLEAR DE CATALUNYA (CANC) ADVERTEIXEN A L’AMAC I AL GOVERN DE L’ESTAT QUE NO PODEN PRESENTAR NI ACCEPTAR CAP MUNICIPI CANDIDAT A CATALUNYA, pels següents motius:
1. Perquè el 79% de la població que viu en municipis que formen part de l’AMAC a Catalunya, els seus ajuntaments han aprovat mocions de rebuig al cementiri de residus radioactius als seus plenaris. Aquests municipis són: Vandellòs-Hospitalet de l’Infant, Flix, Mora d’Ebre, L’Ametlla de Mar, Montroig del Camp, Corbera d’Ebre, La Fatarella, el Molar, i Tivissa.
2. Perquè els Consells Comarcals de la Ribera d’Ebre, del Baix Camp, del Baix Ebre, de la Terra Alta i del Priorat, comarques on estan ubicats els municipis pertanyents a l’AMAC, han aprovat mocions de rebuig en contra de l’ATC.
3. Perquè altres 2 Consells Comarcals, el del Montsià i el de l’Alt Camp, també han aprovat mocions en contra de l’ATC. Conjuntament, els Consells Comarcals que han aprovat mocions contra l’ATC representen el 70% dels Consells Comarcals de la demarcació de Tarragona.
4. Perquè 61 municipis de la demarcació de Tarragona, han aprovat mocions de rebuig al cementiri de residus radioactius, més municipis com més prop de les zones nuclears (veure mapa). Aquests municipis acullen el 67% de tota la població de la demarcació de Tarragona.
5. Perquè el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució de rebuig a l’ATC (resolució 150/VIII, BOP núm. 229 de 17-03-2008. Tram. 250-00289/08) instant al govern de la Generalitat de Catalunya a fer el que calgui per evitar la seva ubicació a Catalunya.
6. Perquè les comarques de les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona, i per extensió Catalunya, ja ha contribuït amb escreix amb la seva quota de nuclearització respecte a la resta de l’Estat, per ser la CCAA amb més reactors nuclears, i les comarques de les Terres de l’Ebreel territori amb més instal•lacions energètiques de Catalunya i de l’Estat Espanyol.
7. Perquè el risc, el perill i la hipoteca a llarg termini que suposa el dipòsit de milers de tones de residus de molt alta radioactivitat que tenen una activitat de milers d’anys, que pot afectar fins i tot a la salut dels ciutadans, NO ABARCA NOMÉS ELS LÍMITS TERRITORIALS DEL MUNICIPI QUE L’ALBERGUI, SINÓ QUE AFECTARÀ A UNA ÀMPLIA ZONA DEL TERRITORI AL SEU VOLTANT.
8. PERQUÈ LA DECISIÓ D’UBICAR EL CEMENTIRI NUCLEAR DE TOTS ELS RESIDUS D’ALTA RADIOACTIVITAT DE TOTES LES CENTRALS NUCLEARS DE L’ESTAT ESPANYOL NO POT RECAURE ÚNICAMENT EN MANS DE LA MAJORIA SIMPLE DEL CONSISTORI D’UN SOL AJUNTAMENT, A CANVI DE COMPRAR LES VOLUNTATS DELS SEUS GOVERNANTS.
Per tots aquests arguments, recordem al Govern de l’Estat i a l’AMAC que, en un estat de dret com el nostre, on ha d’imperar la democràcia i el respecte per les majories, on s’han de salvaguardar els drets individuals dels ciutadans com a membres de ple dret de la UE, no poden tancar els ulls obviant i fent cas omís a tots aquests pronunciaments contraris, majoritaris a la demarcació de Tarragona i al Parlament de Catalunya.
S’insta a aquells alcaldes que han pensat demanar l’ATC que, malgrat tenir majoria al seus consistori, tinguin molt present que no la tenen a la seva pròpia comarca ni a les comarques veïnes, a les que aquest cementiri també afectarà en risc i temps, i que per sobre del dret a la independència municipal ha de prevaldre el bé comú de la majoria de la gent a la que s’afecta.
Així mateix es demana al govern de la Generalitat de Catalunya que prengui les accions encaminades a fer complir la resolució de refús a l’ATC que va aprovar el Parlament de Catalunya.

COORDINADORA ANTICEMENTIRI NUCLEAR DE CATALUNYA (CANC)

Terres de l’Ebre / Camp de Tarrgona
Portaveu de la CANC: Sergi Saladié, Tel. 657.84.31.72
ADHESIONS CONTRA EL CEMENTIRI NUCLEAR
moviments socials i ecologistes:
Greenpeace;
Gepec – Ecologistes de Catalunya;
l’Escurçó;
Plataforma per la Defensa del Territori de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant; Plataforma per la Defensa del Patrimoni Natural del Priorat;
Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE);
Plataforma de la Terra Alta;
Plataforma Salvem la Mar de l’Ebre;
Coordinadora de Plataformes en defensa del territori contra la massificació eòlica; i
La Cala Fòrum de l’Ametlla de Mar;
Societat Civil, Cultural i Solidària per la Pau de Reus;
Federació Intercomarcal de Tarragona de la CGT;
Centre d’Estudis de la Vall (CEV) de Vandellòs;
IPCENA (Institució de Ponent per a la Conservació i l’Estudi de l’Entorn Natural); Alnus – Ecologistes de Catalunya;
Grup Municipal d’ICV-EUiA de Tivissa;
Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA);
Societat Obrera de Tivissa;
Casal Cultural Panxampla;
Associació Limnos;
Col•lectiu Ecologista Bosc Verd;
Plataforma Antiincineradora de la Vall de Ges;
Teatre Musical del Montgrí;
Maulets del Baix Ebre;
Alternativa Baix Gaià;
Junta Veïnal de l’Entitat Local Descentralitzada de Jesús;
Associació d’Història Antiga i Arqueologia de les Terres de l’Ebre.
Sindicat d’Oficis Varis de CNT Maestrat-Ports
Ciutadans per la 3ª República
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC)
IES Joaquín Bau de Tortosa
SEO/Bird Life-Delta de l’Ebre.
Grup Natura Freixa de Flix
Associació de Dones de Miravet
Associació de comerciants i empresaris d’Horta de Sant Joan

agents econòmics com:

El Consell Regulador de la D.O. Terra Alta,
El Consell Regulador de la D.O. Montsant,
L’Associació de Cases de Pagès del Priorat
L’Agrupació de Productors de Fruita Dolça de les Comarques Meridionals,
La Cooperativa Agrícola de Capçanes,
Unió de pagesos de Catalunya
Joves Agricultors i ramaders de Catalunya

partits polítics a nivell de Catalunya posicionat clarament contraris:

ERC de Catalunya
ICV-EUiA de Catalunya
JERC de Catalunya
Joves d’Esquerra Verda
Els Vers alternativa verda de Catalunya

Grups polítics municipals:

Grup Municipal d’ERC Vandellòs-Hospitalet;
Grup IMNOVA de Móra la Nova;
Grup Municipal d’ICV-EUiA de Reus;
Grup Municipal d’ICV-EUiA de Cambrils;

CARMEN RIVAS

NUEVATRIBUNA.ES – 17.1.2010

El 7 de enero, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, aprobó el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que ahora tiene que pasar el trámite parlamentario del Senado. Es posible que en abril pueda entrar en vigor. Este es el último paso dado por el Gobierno, hasta el momento, para regular la actividad de los medios audiovisuales de información y comunicación. Antes del verano, aprobó con carácter de urgencia medidas que facilitan la fusión de cadenas, establecen la Televisión Digital Terrestre (TDT) de pago y suprimen la publicidad en TVE.

Esto último es efectivo desde el uno de enero lo que ha permitido que el año comience sin publicidad en Televisión Española, siguiendo los pasos de Radio Nacional. Pero no es este el único cambio. También se han efectuado los nombramientos de Santiago González y Benigno Moreno como Director de TVE y Responsable de RNE, respectivamente. Nombramientos no exentos de polémica en el Consejo de Administración que llevó al Presidente de la Corporación RTVE, Alberto Oliart, a amenazar con dimitir en la reunión del lunes, día 11, si se cuestionaban estos nombramientos.

En cuanto a la Ley Audiovisual que se promulgue, debería ser expresión del hecho de que los medios de comunicación en general audiovisuales en particular, tienen el reconocimiento de la Unión Europea como sectores estratégicos que han de ser protegidos en tanto que valiosos instrumentos para la identidad de los estados, para los derechos esenciales de los ciudadanos y para el mantenimiento y la conservación de los valores y la diversidad cultural de los pueblos. El dato del aumento del consumo televisivo hasta alcanzar una media de cuatro horas diarias también ha de tenerse en cuenta en los contenidos de la ley.

Tampoco tenemos que olvidar que los servicios de comunicación audiovisual en general y la televisión, en concreto, son, como se han calificado desde Europa, servicio esencial de la comunidad, fuente de transmisión de información y de patrimonio cultural. Tampoco es baladí que diferentes iniciativas legislativas de países europeos, los señalen como un importante yacimiento de actividad económica y empleo con perspectivas de futuro.

De momento, el Proyecto de la ley General de Comunicación Audiovisual que ha llegado al Senado, contiene pocas obligaciones para un sector productivo que destaca (junto con los bancos) por las astronómicas cifras de primas a sus directivos y el reparto de la totalidad de los dividendos sin reinversión alguna en la transformación anunciada del modelo televisivo. Reparto de dividendos y altísimas primas que conviven sin rubor con una disminución paulatina pero inexorable de las plantillas propias mediante no renovaciones de contratos y despidos colectivos. Unas políticas contrarias a la estabilidad y al futuro de unas empresas cuyos direcciones utilizan al máximo la externalización de diversos ámbitos productivos que deterioran las condiciones laborales de los trabajadores y debilitan su capacidad organizativa y de representación. En definitiva, una política antisindical y por lo mismo antisocial que nos coloca delante de un empresariado que, mayoritariamente, parece poco interesado en contribuir a generar empresas serias y solventes más allá de las cotizaciones en bolsa.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO defiende que la radio y la televisión son servicios públicos esenciales, con independencia de cuál sea la titularidad de su gestión y, por tanto, los operadores públicos y privados son prestatarios de un servicio público que ha de estar sujeto a determinadas regulaciones.

Unas normas que han de obligar a programar contenidos de calidad y garantizar el pluralismo político y social. Unas normas que han de promover y conseguir un modelo productivo estable.

CCOO considera que la radio y la televisión, son de vital importancia en todos los órdenes sociales. Defiende que los medios de comunicación deben estar al servicio de la ciudadanía y han de contribuir a formar ciudadanos libres, críticos e interactivos con los medios. Apuesta por un modelo que informe, entretenga y eduque. Modelo que ha de ser común para las radiotelevisiones de titularidad pública y para los operadores privados.

Estos argumentos son los que han inspirado las enmiendas elaboradas y presentadas al Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual. Enmiendas que se han entregado y argumentado ante todos los partidos políticos con representación en el Parlamento y, algunas de las cuales, han sido defendidas y sacadas adelante por Izquierda Unida en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.

En concreto, la enmienda transaccional 50 que garantiza la no privatización de las radios y televisiones autonómicas, aunque para CCOO es necesario que en el trámite del Senado el texto de la Ley recoja expresamente la protección del sector público audiovisual de ámbito autonómico.

Este año además, los medios de comunicación y los ciudadanos celebraremos el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Expresión, de una forma especial porque en España hace 200 años, el 10 de noviembre de 1810 las Cortes de Cádiz promulgaron el Decreto de Libertad política de la Imprenta, que dice así:

Todos los cuerpos y personas particulares, de cualquier condición y estado que sean, tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anteriores a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que se expresan en el presente decreto.

Por tanto quedan abolidos todos los actuales juzgados de Imprentas, y la censura de las obras políticas precedente a su impresión.

Los autores e impresores serán responsables respectivamente del abuso de esta libertad.

Los libelos infamatorios, los escritos calumniosos, los subversivos de las leyes fundamentales de la monarquía, los licenciosos y contrarios a la decencia pública y buenas costumbres serán castigados con la pena que de la ley, y las que aquí se señalarán.

Este texto de la primera Constitución inicia el recorrido normativo de las libertades en España y en Hispanoamérica,entre ellas la de opinión e información, interrumpido sólo por el fanatismo y la violencia durante periodos más o menos largos de los Siglos IX y XX.

Carmen Rivas es periodista. Directora del Observatorio de Medios de Comunicación y Sociedad de la Fundación 1º de Mayo de CCOO.

A la Comunitat Internacional
Nosaltres, delegats/des internacionals reunits en El Caire durant la Marxa per la Llibertat de Gaza de 2009, en resposta col.lectiva a una iniciativa de la delegació d’Àfrica del Sud, manifestem:

El final de l’Apartheid israelià
Declaració del Caire
1 gener 2010

Tenint en compte:

• el càstig col.lectiu que infringeix Israel al poble palestí amb l’ocupació il.legal i l’asedi de Gaza;
• l’ocupació il.legal de Cisjordània, inclós Jerusalem Oriental i la contínua construcció de l’il.legal Mur de l’Apartheid i dels nous assentaments;
• el nou mur en construcció per part d’Egipte i d’EEUU que estrenyirà encara més l’asedi de Gaza;
• el despreci per la democràcia palestina que ha demostrat Israel, EEUU, Canadà, la UE i altres, després de les eleccions palestines de 2006;
• els crims de guerra comesos per Israel durant la invasió de Gaza, fa ara un any;
• la persistència de la discriminació i la repressió que pateixen els i les palestines dins d’Israel;
• i el persistent exil.li de milions de refugiats palestins;
• tots actes d’opressió que es basen en última instància en l’ideologia sionista que subsjau a Israel;
• conscients que els nostres propis governs han proporcionat a Israel ajuda econòmica, financera, militar i diplomàtica directa, i han permès a aquest país actuar ambabsoluta impunitat;
• i conscients de la Declaració de les Nacions Unides sobre els Drets dels Pobles Indígenes de 2007;

reafirmem el nostre compromís amb:

• l’autodeterminació del poble palestí,
• la fi de l’ocupació,
• la igualtat de drets per a tots a la Palestina històrica,
• el ple dret al retorn dels refugiats palestins.

Per tot això, reafirmem el nostre compromís amb la crida palestina del juliol del 2005 a favor del Boicot, la Desinversió i les Sancions (BDS) cap a Israel, per tal d’obligar a aquest país a complir el Dret Internacional.

Per tal finalitat, demanem i desitjem ajudar a iniciar un moviment massiu global i democràtic contra l’Apartheid que operi en estreta col.laboració amb la societat civil palestina per a posar en pràctica la demanada palestina de BDS.

Conscients de les nombroses i fortes semblances entre Israel i l’antic règim de l’Apartheid d’Àfrica del Sud,

Proposem:

1. realitzar una gira internacional de sindicalistes palestins i sud-africans, junt a activistes de la societat civil, que es durà a terme en els primers sis mesos de 2010, a la qual s’uniran sindicalistes i activistes compromesos amb aquest programa en els països visitats, per a realitzar actes d’educació de masses en matèria de BDS directament als sindicalistes i a l’opinió pública internacional;
2. participar en la Setmana de l’Apartheid israelià al març de 2010;
3. desenvolupar un enfocament unificat sistemàtic per al Boicot de productes israelians, en el qual participin els consumidors, els treballadors i els sindicats del sector de la venda al per menor, l’emmagatzematge i el transport;
4. fomentar el boicot acadèmic, cultural i esportiu a Israel;
5. desenvolupar campanyes per a fomentar la desinversió dels fons de pensions dels sindicats i empreses directament implicades en l’ocupació, o de les empreses militars israelianes;
6. iniciar accions legals dirigides contra la contractació externa de soldats per part de l’exèrcit israelià i a favor dels judicis dels criminals de guerra israelians; fomentar la coordinació amb Citizen’s Arrest Bureaux per identificar, fer objecte de campanyes i jutjar als criminals de guerra israelians; recolzar l’Informe Goldstone i l’aplicació de les seves recomenacions;
7. fem una crida a les organitzacions i individus que comparteixin el contingut d’aquesta declaració signant-la i col.laborant amb nosaltres per tal de fer-la realitat.

http://cairodeclaration.org/lang/ca/

CASINOCAPITALISMO: (O el reino de la economía especulativa sobre la productiva, de la especulación y la corrupción sobre trabajadores, autónomos y pequeña y mediana empresa productiva)
La oligarquía financiera internacional (y la española en particular con un papel destacado de los grandes bancos), no solo no se responsabiliza de la crisis creada, sino que nos da recetas de como operar económicamente. Ya se sabe, la famosa frase de los casinos se muestra más actual que nunca “la Banca siempre gana”. Es el modelo genuinamente PP-CiU, y el PSOE tristemente intenta ser un buen alumno en esta clase

El casinocapitalismo ataca de nuevo

Esta próxima semana comienzan en el Congreso de Washington las audiencias públicas de la comisión de investigación de la crisis financiera al objeto de definir las causas que desembocaron en la actual situación